Resumen:

El presente ensayo expone problemas causados por la crisis climática global. Se enfoca en la importancia de generar una descarbonización por medio de estrategias gubernamentales, tecnológicas y la participación ciudadana. Se consultaron datos, leyes y propuestas a nivel nacional, así como acuerdos internacionales. Los resultados indican el valor de concientizar a la población, a los sectores gubernamentales y a quienes se encargan del desarrollo tecnológico mundial para generar y conservar ambientes positivos que generen una transición energética. 

Palabras clave: descarbonización, transición energética, gobernanza energética, fuentes renovables. 

Abstract

This essay discusses problems caused by the global climate crisis. It focuses on the importance of decarbonization through government and technological strategies and citizen participation. Data, laws, and proposals at the national level were consulted, as well as international agreements. The results indicate the value of raising awareness among the population, government sectors, and those responsible for global technological development in order to generate and maintain positive environments that foster an energy transition.

Keywords: decarbonization, energy transition, energy governance, renewable sources

Introducción

La crisis climática global requiere una transformación del sistema energético que favorezca la transición del uso de combustibles fósiles a nuevas alternativas de energía que no sólo consideren las fuentes renovables, sino la combinación con otras propuestas con mayor estabilidad. Las energías alternativas no solo son una gran oportunidad para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), sino que permiten repensar la gobernanza energética hacia modelos más inclusivos, democráticos y sostenibles (Castro et al., 2025; Climate Transparency, 2025; Pesqueira et al., 2025; González, 2024).

Se estudian los principales marcos normativos y de políticas en los últimos cinco años en el ámbito de las energías renovables, ya que forman parte de un componente estratégico de la descarbonización del sistema energético. Se entiende por energías renovables a aquellas que se basan en recursos naturales de regeneración continua y que no son emisiones locales directas de CO₂ en la generación de electricidad o en la generación de calor útil, tal como son la energía solar, eólica, geotérmica, hidroeléctrica, oceánica y la bioenergía (López, 2025; Magaña, 2025; Rueda et al., 2025; Mora et al., 2023).

En México, el sector eléctrico representa alrededor de una cuarta parte de las emisiones totales de GEI, lo que ofrece una oportunidad crucial para implementar políticas que dirijan la generación hacia fuentes renovables y alternas como parte de una estrategia de descarbonización (Greenberg, 2025; Rueda et al., 2025; IRENA y NREL, 2016). Se han fijado compromisos internacionales como la actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), que propone alcanzar cerca del 38.5% de electricidad limpia para 2030, con proyecciones que incluso sugieren llegar al 43% para 2035, utilizando tecnologías como la solar, eólica y el almacenamiento de energía. Las reformas energéticas recientes han buscado fortalecer el papel de empresas estatales como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la producción y despacho eléctrico, priorizando su participación en detrimento de los mecanismos de mercado que antes favorecía la inversión privada en energías renovables (Anglés et al., 2023; Castro et al., 2025).

Desarrollo

El papel de México en la transición energética

La política energética mexicana promovió una meta para el 2050 de transitar a un 50% de energías limpias, pero en 2023 se presentó una reducción del 6.88% del avance. Además, tiene tres desafíos que deben considerarse para promover una estrategia energética: las condiciones de desarrollo económico, la soberanía energética y los compromisos climáticos internacionales pactados; por lo que, se requiere una transformación social, económica, tecnológica, política y legal que impulse un acercamiento a la transición energética del país (Castro et al., 2025; Climate transparency, 2025).

El desafío económico que limita las condiciones de desarrollo energético en México recae en la centralidad de dos figuras (Petróleos Mexicanos [PEMEX] y la CFE) que a pesar de la posibilidad de inversionistas privados (a partir de la reforma del 2013 a la ya abrogada Ley de Transición Energética) existe limitación para implementar proyectos renovables. Esta incertidumbre se sustenta en los vacíos legales de la actual Ley de Planeación y Transición Energética (LPTE) del 2025 y la ausencia de alineación de la Estrategia Nacional del Sector Energético, publicada en 2024, que establece escenarios pero que ninguno se alinea con los alcances de la normatividad vigente y con las realidades inmediatas porque se ha estimado que para el 2021 hubo un 31.2% de generación de energías limpias, pero para el 2022 fue de 28.9% y para el 2023 del 24.32%, estos retrocesos muestran los vacíos e incongruencias normativas y políticas (LPTE, 2025; Castro et al., 2025; Climate transparency, 2025).

Las principales barreras para lograr la transición energética en México representan hoy en día un desafío que cuestiona las posibilidades de descarbonización y limita el éxito de energías renovables y alternas propuestas por proyectos iniciados por el sector privado, principalmente.

La gobernanza energética significa un marco analítico y operativo clave de la redistribución de beneficios y responsabilidades en la transición hacia sistemas energéticos sostenibles. En contextos con fuerte control estatal centralizado pueden surgir limitaciones a la innovación, a la participación comunitaria y a la eficiencia del sistema, lo que podría derivar en la efectividad y legitimidad de la transición energética (Anglés et al., 2023). Este proceso en el contexto mexicano se topa con el reto estructural de la compatibilización entre la seguridad energética y los objetivos de mitigación climática, en un entorno de infraestructura heredada, patrones de consumo intensivo y restricciones financieras. Abordar la pobreza energética, el acceso justo y la eficiencia energética se torna imprescindible a fin de no reproducir desigualdades socioeconómicas. El proyecto Acueducto Solís-León se configura en una experiencia empírica relevante que evalúa la capacidad de una gobernanza multinivel y multi-actor -Estado, sector privado y sociedad civil- capaz de garantizar el acceso a un suministro energético seguro, sostenible y socialmente legítimo. El caso aporta evidencias de las posibilidades de una transición energética justa para el contexto propuesto. (García, 2025).

Conclusiones

El potencial de las fuentes de energía alternativas en México es indiscutible, gracias a su geografía y recursos naturales. Sin embargo, para aprovecharlo al máximo, no solo se necesita invertir en tecnología, sino también transformar las estructuras de gobernanza para fomentar una participación más plural y colaborativa de la sociedad. El potencial de desarrollo de energías alternativas en México es alto; sin embargo, su óptimo aprovechamiento requiere de avances tecnológicos, pero también de una renovada gobernanza de la energía. Entender la descarbonización como un acontecimiento político, social y democrático que promueva la justicia social, la seguridad energética y la participación de la ciudadanía. Más allá de metas técnicas, la transición energética implica redefinir valores, redistribuir tareas e ir construyendo un modelo que contemple las formas de inclusión, transparencia y equidad socioambiental posible con la ciudadanía activa.

Referencias

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